EL EJECUTIVO MUNICIPAL ENVIÓ AL CONCEJO DELIBERANTE SU PROYECCIÓN ECONÓMICA PARA 2017
El Ejecutivo municipal de Ushuaia presentó en el Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza y Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2017 -de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal-, que contempla recursos por 2.118.481.669 millones de pesos.
De ese total, están previstos 1.867.038.615 millones de pesos en concepto de Recursos Corrientes (ingresos), mientras que 251.443.054 millones de pesos se destinarán fundamentalmente a obra pública.
En tanto, para el funcionamiento del propio Ejecutivo, del Concejo Deliberante, del Tribunal de Faltas y de la Sindicatura Municipal se destinarán 1.867.038.615 millones de pesos, monto que incluye gastos de personal. Además, en el proyecto se solicitan herramientas financieras para reestructurar deudas con proveedores y para obra pública.
El mensaje de elevación del proyecto sostiene que “se eleva a consideración de ese Concejo Deliberante la presente propuesta que contiene el Plan del Gobierno Municipal destinado a dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad, optimizando la capacidad de gestión de los recursos y los gastos e incorporando diferentes acciones orientadas a la mejora en la calidad y la cantidad de los servicios que la Municipalidad brinda a sus ciudadanos”. Agrega además que “el anteproyecto de presupuesto de la Gestión Municipal para el ejercicio 2017, establece los lineamientos que contribuirán a orientar las acciones destinadas a la satisfacción del bien común, con unidad territorial, poblacional, cultural, política y jurídica”.
“La Municipalidad tiene como principal objetivo responder a las necesidades de su comunidad, mejorando en forma permanente la calidad de vida de las personas fundamentalmente a partir de una importante política habitacional. No obstante, la situación económica de la Provincia de Tierra del Fuego, que depende en buena medida de la industria manufacturera desarrollada al amparo del régimen de promoción económica y que hoy está atravesando un proceso de reestructuración, refuerza la importancia de llevar a cabo una responsable administración de las finanzas públicas, algo que durante los últimos años claramente no fue considerado una prioridad”, amplía.
El plan de gobierno municipal apunta a “trabajar en el desarrollo de políticas de inclusión social sintetizadas en cuatro grandes ejes” que son hábitat y ordenamiento urbano, obra pública, higiene urbana y transporte público de pasajeros.
En función de ello se priorizarán cinco líneas de acción claves: el ordenamiento urbano-ambiental y el abordaje de la problemática del acceso a la vivienda a través de la generación de suelo urbano; la reconstrucción y el mantenimiento de la trama vial urbana; la recuperación y el embellecimiento de los espacios de uso público; la implementación de un sistema de transporte eficiente, ágil y moderno; y el cuidado del ambiente y la higiene urbana, utilizando nuevas y modernas tecnologías.
“El presupuesto es el instrumento que nos permite programar la ejecución de políticas públicas en función de los objetivos políticos fijados por esta gestión municipal y, al considerarlo como un programa financiero en el cual se prevén ingresos estimados y gastos a ejecutar en el próximo ejercicio, es prioritario que se tengan en cuenta en su confección dos principios fundamentales: razonabilidad y equilibrio”, se argumenta.
Además, se observa que “las crecientes demandas de servicios por parte de los vecinos de nuestra ciudad, a partir de un Estado Municipal que empieza a hacerse cargo en forma efectiva de los problemas prioritarios, exige respuestas también desde la planificación y la inversión pública. No obstante, debemos conciliar estas demandas progresivas con la evolución del ingreso corriente, donde los recursos de jurisdicción municipal, que componen alrededor del 20% del mismo, están condicionados por el estancamiento de nuestra economía regional y por lo tanto nos imponen un límite que debemos considerar. En cuanto a los recursos de otras jurisdicciones, hay que tener presente que la recaudación de impuestos atados al consumo viene desacelerando su crecimiento, lo cual hará que los futuros flujos de coparticipación pierdan incidencia sobre los ingresos totales”.
Luego plantea que “en relación a la crítica situación con que nos encontramos al asumir en diciembre del año pasado y al ser imposible afrontar con recursos corrientes la deuda heredada de la gestión anterior, resulta necesario avanzar en un proceso de reestructuración de la deuda para poder sanear las finanzas públicas y así normalizar el funcionamiento de la estructura municipal, considerando además que algunos de los proveedores que reclaman deudas originadas en la gestión anterior son los que habitualmente participan de las licitaciones públicas y, por lo tanto, regularizar su situación es de interés de todas las partes”.
Asimismo, “cabe destacar que, ante la inexistencia de recursos nacionales que en años anteriores fluyeron en forma significativa, la obra pública necesaria para reconstruir la trama vial urbana será realizada en su mayor parte por administración y con recursos corrientes, sumándole las contribuciones de los vecinos poder avanzar en la pavimentación de las nuevas urbanizaciones”.
Agrega que “en relación a algunos de los servicios brindados por el Municipio, por ejemplo a través de sus áreas técnicas de fiscalización, higiene, contralor, seguridad, organización y coordinación de tránsito y transporte, y que tienden al bienestar general de la población, cabe señalar que el crecimiento en la cantidad y en la superficie de ciertos establecimientos comerciales e industriales durante los últimos años exige de un despliegue cada vez mayor de recursos municipales, desde inspectores hasta móviles e incluso insumos para efectuar los análisis bromatológicos si fuera necesario, por lo que cuando la Municipalidad cumple esta función con un bajo nivel de supervisión puede no existir continuidad en la tarea del auditor y por ello poner en riesgo, por ejemplo, la calidad de los alimentos que consumimos”.
Remarca que “no obstante la realidad descripta, el área de contralor sanitario de la Dirección de Bromatología pasó de diecisiete auditores en el año 2004 a sólo cinco auditores en diciembre del año pasado, que tienen la responsabilidad de realizar las inspecciones correspondientes en ochocientos comercios de alimentos distribuidos en toda la ciudad. Es por ello que, uno de los objetivos prioritarios de esta gestión es fortalecer las áreas de inspección, reubicando y capacitando personal e invirtiendo en equipamiento e insumos para devolverle al Estado la capacidad de asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones”.
“La consecución de los objetivos de este proyecto atañe, a partir de la dinámica que toma cualquier gestión de gobierno, una revisión periódica de la evolución de los componentes del presupuesto que nos sirva de guía y control del desenvolvimiento de las cuentas públicas”, sentencia.
Por último, sostiene que “estamos convencidos de que es fundamental el rol de ese Departamento Legislativo en el debate y análisis de los temas, de lo que seguramente surgirá un instrumento de gestión que nos permita concretar acciones para dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad, en línea con nuestro proyecto político de gobierno”.